Transparencia
 

Para IPLAN es muy importante difundir el valor por el respeto y la promoción de los derechos humanos en general, y en particular el derecho a la privacidad.

Como Licenciatario de Servicios TIC, IPLAN tiene la obligación legal de responder a las peticiones efectuadas por las autoridades competentes, respecto de sus clientes y/o proveedores, y cumple con ello, respetando la ley y los derechos y libertades fundamentales.

Para la Empresa, garantizar la transparencia en su accionar es imprescindible y por eso actuamos de manera responsable en el cumplimiento de nuestras obligaciones teniendo como prioridad preservar los derechos de las personas sin violar nuestro deber de confidencialidad.

IPLAN cumple con sus obligaciones como licenciatario de servicios TIC de brindar información respecto de sus clientes solo en el marco de requerimientos efectuados por orden judicial y/o de autoridad competente. En función de los principios de confidencialidad receptados en la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520) IPLAN guarda la más estricta reserva respecto de los requerimientos recibidos

Para cumplir con estas obligaciones, en el proceso de respuesta a este tipo de requerimientos nos regimos por los siguientes principios: legitimidad, confidencialidad, fundamentación, neutralidad política y respuesta diligente. Todos los requerimientos son analizados por el Departamento Legal de IPLAN, y aquellos que provienen de una persona (física o jurídica), ente u organismo que no se encuentra legitimado para hacerlo son rechazados.

A continuación detallamos la normativa aplicable a tener en cuenta en relación con los distintos tipos de requerimientos que IPLAN recibe, y distinguimos cada uno de ellos de acuerdo al alcance de los mismos, dejando constancia en cada caso, quienes tienen legitimación para formular las solicitudes.

 

Normativa aplicable

» Constitución Nacional Argentina.

» Ley 19.798.

» Ley 27.078.  

» Ley 25.520.  

» Decreto 256/15, y su modificatorio

» Acordadas C.S.J.N. 2/2016 y 30/2016: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeC0)

 

  1. Interceptación legal

Son aquellas solicitudes que proceden de las autoridades competentes en el marco de investigaciones criminales y, en su caso, civiles con el objetivo de interceptar comunicaciones o acceder a datos de tráfico en tiempo real. 

 

Autoridades Competentes

Jueces. El procedimiento establece que estos deben oficiar a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeC0), insertada institucionalmente en la órbita de la Corte Suprema y que cuenta con autonomía de gestión, quien es el único órgano estatal encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente, y éste organismo es quien solicita la intervención a la empresa prestataria que corresponda.  

 

  1. Información relacionada a clientes y proveedores

Son aquellas solicitudes procedentes de las autoridades competentes que tienen por objetivo obtener datos históricos referidos a:

  • Nombre y Apellido, Documento de Identidad o de Identificación Tributaria, Domicilio, Datos de Contacto, etc. de clientes de IPLAN.
  • Detalles de llamadas de clientes de IPLAN (detallando número de origen y destino, fecha y hora de inicio y finalización y duración de la comunicación, etc.),
  • Nombre y Apellido, Documento de Identidad o de Identificación Tributaria, Domicilio, Datos de Contacto, etc. de proveedores de IPLAN

 

Autoridades Competentes

 » Jueces, Fiscales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al que se le haya delegado la investigación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solo en lo que respecta a aspectos tributarios.

 

  1. Bloqueo de sitios web

Son aquellas solicitudes de las autoridades competentes para bloquear el acceso a sitios web específicos o a un determinado contenido, que no contemplan en ningún caso la eliminación de contenido de un sitio web. 

 

Autoridades Competentes:

 » Jueces. El pedido puede llegar directamente desde el Juzgado o través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).